Las escuelas municipales,
curso a curso y aula a aula.

No. El módulo liquida: calcula el importe con la cuota del grupo, aplica la bonificación de la matrícula, emite los recibos del periodo con numeración correlativa y saca el padrón. El ingreso se produce en Tesorería, por el padrón de la tasa o por remesa bancaria, en la aplicación de recaudación. Está dicho en la propia pantalla para que nadie se lleve una sorpresa.

Lo decide cada cuota, y el módulo lo pregunta. Precio público (arts. 41 a 47 del TRLRHL) cuando el servicio es de solicitud voluntaria y lo presta también el sector privado, que es lo normal en música o en idiomas; lo fija el Pleno o la Junta de Gobierno por delegación y necesita memoria económico-financiera. Tasa (art. 20.4) cuando no concurre el sector privado o el servicio no es voluntario, y entonces va por ordenanza fiscal. Si se consigna el coste del servicio, el módulo calcula el grado de cobertura y recuerda qué hay que justificar por debajo del 100 %.

Eso lo dice tu ordenanza o tu acuerdo de precios, y cada ayuntamiento lo tiene distinto: el módulo no prorratea. Lo que sí hace es no callárselo. Cuando una matrícula se da de baja y quedan recibos vivos de ese periodo, el cuadro de mando lo avisa con el nombre, la fecha y el importe, para que se anule, se rectifique o se deje como está —pero decidido— antes de que el padrón salga hacia Tesorería.

Cada escuela lleva su delegado o delegada de protección y su protocolo frente a la violencia, y si faltan el aviso es de nivel alto (arts. 48 y 57 de la LO 8/2021). Del profesorado se guardan la fecha de la consulta al Registro Central de Delincuentes Sexuales, el resultado y su vigencia —no el certificado—, y sin esa acreditación en vigor no se le puede asignar un grupo con menores. Por debajo de catorce años consiente quien tiene la patria potestad (art. 7 de la LO 3/2018), y la matrícula la necesita hasta la mayoría de edad, porque es un negocio jurídico.

No entera, y es a propósito: en esas fichas hay instrucciones de salud, personas responsables y personas autorizadas a recoger a un niño. Hay dos salidas en su lugar. El listado de matrícula lleva siete columnas seguras —apellidos, nombre, edad, escuela, grupo, situación y bonificación—, dice antes de bajar nada cuántas filas salen y qué columnas se quedan fuera, avisa de que el archivo va sin cifrar y queda anotado en el libro de la entidad. Y desde dentro de una ficha se puede sacar el expediente completo de una persona, para atender un derecho de acceso o de portabilidad.

Hay dos papeles. Quien administra el módulo —los perfiles que decidas en Ajustes— lo ve todo; quien figura en «Gestores» con su usuario de MyGov y los códigos de sus escuelas trabaja solo con las suyas. Dicho con honestidad: esa separación ordena el trabajo y evita errores, pero se apoya en la identidad que declara MyGov y no en un control criptográfico, y el espejo del módulo publica las colecciones enteras para la API de integraciones. Tratándose de datos de menores, esa es exactamente la razón por la que este módulo debe darse solo a quien lo necesita para su trabajo.

Once: ficha de la escuela, ficha del grupo, listado del grupo para el profesorado, resolución de admisión, lista de personas admitidas, certificado de matrícula, autorización de imagen, autorización de recogida, certificado de asistencia, padrón de cuotas y memoria del curso. Dos van deliberadamente pelados: el listado del profesorado no lleva fecha de nacimiento, ni domicilio, ni tutores, porque es un papel que se lleva al aula; y la lista de personas admitidas lleva nombre, apellidos y grupo, porque acaba en un tablón.

Depende de si el servicio es de solicitud o recepción voluntaria y de si lo presta también el sector privado. Si no es voluntario —porque lo imponga una norma o porque sea imprescindible para la vida privada o social del solicitante— o si no lo presta el sector privado, es tasa (art. 20.1.B del TRLRHL). En caso contrario cabe el precio público (art. 41). Una escuela municipal de música con oferta privada en el municipio suele encajar en precio público, pero la calificación es de cada entidad y conviene tenerla informada antes de la primera matrícula, porque de ella dependen el expediente, el órgano que aprueba y la vía de cobro.

Sí, con condiciones. El importe de los precios públicos debe cubrir como mínimo el coste del servicio (art. 44.1 del TRLRHL), pero cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público la entidad puede fijarlos por debajo, y entonces tiene que consignar en sus presupuestos las dotaciones oportunas para cubrir la diferencia resultante (art. 44.2). Esa consignación es lo que se olvida, y es lo que convierte una decisión legítima en un reparo.