La función interventora,
del checklist al Informe Resumen.

Entonces el régimen es el de fiscalización plena previa, porque la limitada exige el acuerdo del Pleno del art. 219.2 del TRLRHL a propuesta de la presidencia. El módulo trabaja igual en los dos: el régimen se fija por entidad en Ajustes. Cuando llega el acuerdo, las plantillas de extremos se adaptan a él y entra en juego la comprobación plena posterior del art. 219.3 sobre muestra.

El control permanente sí, con su propio tipo de informe para los preceptivos que no son función interventora, y sus resultados bajan al PACF y al Informe Resumen. La auditoría pública, no del todo: el módulo registra la actuación y su resultado, pero no lleva programas ni papeles de trabajo de auditoría. Si en tu entidad hay auditoría de cuentas de un organismo, esa parte se sigue trabajando fuera.

Con el método y la semilla anotados en el propio informe. Se elige entre muestreo estadístico, porcentaje sobre la población o tamaño fijo, se deja constancia de la población de partida y de los criterios de estratificación, y la selección se puede repetir: la misma semilla devuelve los mismos expedientes. Una muestra que no se puede reproducir es una muestra que no se puede explicar.

Lo que se haya registrado: los expedientes sometidos a control, los informes emitidos con su fecha y su pronunciamiento, los reparos con el estado en que quedó cada uno, las observaciones abiertas sin acción correctiva y el calendario con lo vencido en rojo. Eso es lo que normalmente no existe cuando alguien llega. No sustituye al traspaso ni a leerse las bases de ejecución, pero evita empezar preguntando qué se quedó a medias.

Sí. Se arrastra el fichero de operaciones en CSV, TSV o Excel, el módulo reconoce las columnas habituales y concilia los asientos con los expedientes por número o por aplicación presupuestaria. Lo que no casa, se ve.

Sí. Cada extremo marcado y cada documento emitido quedan anotados con su fecha en el libro de documentos, y en la versión local hay además bloqueo con PIN y comprobación de integridad del registro. Lo que no hay es firma electrónica ni sello de tiempo cualificado: el informe se firma donde se firmen los demás.

Los resultados más significativos de la función interventora y del control financiero del ejercicio anterior. Lo elabora el órgano interventor con carácter anual y con ocasión de la aprobación de la Cuenta General (art. 37.1 del RD 424/2017), y se remite al Pleno —a través de la presidencia— y a la Intervención General de la Administración del Estado en el curso del primer cuatrimestre de cada año (art. 37.2). El contenido, la estructura y el formato los fija la IGAE por instrucción, y la propia IGAE mantiene un inventario público de los informes recibidos (art. 37.3).

Anualmente, y una vez informado el Pleno. El art. 218.3 del TRLRHL obliga al órgano interventor a remitir todas las resoluciones y acuerdos de la presidencia y del Pleno contrarios a los reparos formulados, más un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos y los informes justificativos que en su caso haya presentado la Corporación. La forma y la fecha las fija el Tribunal de Cuentas. Su Instrucción vigente es la del Pleno de 19 de diciembre de 2019, que derogó la de 2015: exige hacerlo por la Plataforma de Rendición de Cuentas antes del 30 de abril del ejercicio siguiente, y en la misma remisión van los expedientes con omisión de la fiscalización previa. Si en tu comunidad autónoma hay órgano de control externo, se remite a él.

Tres meses desde la remisión del Informe Resumen al Pleno (art. 38.2 del RD 424/2017). Lo formaliza la presidencia y tiene que decir qué medidas se adoptan para subsanar cada debilidad, quién es el responsable de implantarlas y con qué calendario, también respecto de los organismos y entidades dependientes. Después se remite al órgano interventor, que valora si sirve e informa al Pleno sobre cómo va la corrección (art. 38.3).