Cada expediente vivo,
su plazo y su base.

Porque tiene plazos vivos: una licencia concedida y archivada en el tramitador sigue teniendo los plazos de iniciar y terminar las obras y la caducidad. Qué es vivo lo decide el cálculo del módulo y no el estado del tramitador: lo abierto con actividad, la disciplina viva, lo cerrado en los dos últimos años de fábrica y lo que tiene plazos vigilados.

Con el artículo 30 de la Ley 39/2015 y los festivos de la entidad, y con los plazos de la Comunidad de Madrid cargados de fábrica. La base de cada plazo une una parte estatal, que es fija (la Ley 39/2015, el TRLSRU o el TRLRHL), y el artículo exacto de la ley del suelo autonómica, que en Madrid es la Ley 9/2001 (LSCM) en su texto consolidado: el 154.4 para resolver, el 158.1 para las obras con licencia y el 158.2 para las de una declaración responsable, y en la disciplina los plazos que dejó la Ley 7/2024, con 12 meses para resolver el restablecimiento de la legalidad y 6 años para actuar contra obras sin título, 15 en suelo no urbanizable de protección. Los plazos y las citas se cambian en Ajustes, y salen «por confirmar» hasta que quien administra el módulo confirma su bloque. Quedan expresamente para Secretaría el plazo del sancionador, tomado del Decreto 245/2000 a falta de ordenanza, y los plazos anteriores para lo incoado o terminado hasta el 27/12/2024.

Porque no consta la notificación: la entidad no la carga, o no la de esa fecha. En un plazo que corre desde una notificación (también el ICIO contado desde la de la concesión y el sancionador en tramitación simplificada, desde la del acuerdo), se cuenta desde el acto; en uno de resolver y notificar ya resuelto, se da por cumplido con la fecha de la resolución. Cuando se cargan las notificaciones, el plazo se recalcula.

Solo si es la última y está dentro del plazo fijado en Ajustes: 30 días de fábrica, ampliable hasta 90. Con el de fábrica, no. Pasado el plazo, la limpieza diaria vacía los datos anteriores de la carga y ya no se deshace aunque después se amplíe.

No. No ve titulares, no busca por nombre y de la disciplina, que lleva datos de infracciones administrativas (artículo 27 de la LOPDGDD), solo ve la clave, el tipo, la fase y el barrio.

No en esta versión. Se carga la exportación del tramitador en Excel o en CSV y, si se quiere, los índices ENI de los expedientes. Las fuentes automáticas están previstas y salen rotuladas «próximamente» en la tabla de fuentes de Ajustes.

Sí, una vez escritos sus plazos. De fábrica trae los de la Comunidad de Madrid; quien administra el módulo escribe en Ajustes los plazos y las citas de su comunidad y de su ordenanza, y la parte estatal de cada base se mantiene. Mientras tanto, si la ficha de la entidad dice otra comunidad, el panel y Ajustes lo avisan siempre, las citas de Madrid salen «por confirmar» y un bloque no se confirma mientras sus citas sigan siendo las de Madrid. Los criterios de aplicación cuya base es la ley de Madrid figuran siempre con esa salvedad y «por confirmar». En esta versión no hay perfiles de otras comunidades para cargar de una vez.

Lo decide cada entidad. En Ajustes, los tres bloques con criterios (el del plazo de resolver y el silencio, el de los plazos de las obras y las prórrogas, y el de la caducidad y la disciplina) llevan la tabla «Criterios de aplicación de la entidad»: doce criterios en total, como el cómputo de las prórrogas, el inicio de los plazos de las obras, lo que queda sin objeto al declararse la caducidad o el régimen transitorio de la Ley 7/2024, cada uno con sus alternativas y la base legal de cada una. De fábrica se aplica la más prudente, cuando la hay: la que no hace vencer después de la ley un plazo de la Administración, no da por vencido antes de tiempo, sin rotularlo, un plazo del interesado y no oculta ninguna alerta. La entidad anota el acuerdo o el informe en que se funda su elección, y los documentos y la Base normativa indican el criterio que se ha aplicado.